El comercio internacional está experimentando una de sus transformaciones más significativas en los últimos años. Con la entrada en vigor de la Ley Aduanera 2025, México busca actualizar su marco regulatorio para responder a un entorno económico global que exige mayor trazabilidad, sustentabilidad y eficiencia logística.
La reforma coincide con una etapa en la que la sostenibilidad redefine la logística internacional. En este escenario, los retos del transporte marítimo ante las nuevas regulaciones ambientales reflejan la necesidad de adaptar los procesos comerciales a normas más estrictas y tecnológicamente controladas.
Más allá de ser una actualización técnica, la Ley Aduanera 2025 representa un cambio de paradigma, por ello, analizar sus objetivos y los principales cambios que introduce es clave para comprender cómo se modificará la dinámica del comercio exterior en México y qué desafíos enfrentan las empresas en esta nueva etapa.
Tabla de contenidos
Contexto y objetivos de la nueva Ley Aduanera 2025
La Ley Aduanera 2025 forma parte de una estrategia de modernización integral que busca alinear a México con las tendencias internacionales en comercio y seguridad. Con una economía cada vez más vinculada a las cadenas globales de valor, el país requiere procesos aduaneros más ágiles, transparentes y tecnológicos.
Entre sus objetivos principales se encuentran los siguientes:
- Digitalización y automatización de procesos, mediante plataformas interoperables y sistemas de control en línea
- Fortalecimiento de la seguridad y la fiscalización, gracias a herramientas de vigilancia tecnológica.
- Transparencia y profesionalización del sector aduanero, con mayores exigencias en materia de certificación y cumplimiento.
Un aspecto indispensable es el nuevo papel de la customs agency service in Mexico, que asume mayores responsabilidades de verificación digital y control documental. Estas entidades se consolidan como socios estratégicos del Estado, ya no solo como intermediarios operativos, sino como garantes de la legalidad y trazabilidad de las mercancías.
El comercio exterior mexicano entra así en una nueva fase de fiscalización inteligente, orientada a la trazabilidad total.
Principales modificaciones de la ley
Las modificaciones buscan lograr un equilibrio entre la facilitación del comercio y el fortalecimiento del control estatal, en una era donde la digitalización redefine la relación entre autoridad y empresa.
Para las compañías que operan en los principales puertos del país, estas reformas tendrán efectos inmediatos. Por ello, la función de particulares en servicios aduanales como los de la agencia aduanal en Manzanillo será indispensable para interpretar y aplicar correctamente las nuevas disposiciones y garantizar que las operaciones fluyan dentro del nuevo marco regulatorio.
1.- Modernización tecnológica
Los recintos fiscalizados y recintos fiscalizados estratégicos deberán contar con sistemas de control volumétrico, videovigilancia, trazabilidad y monitoreo continuo, totalmente interoperables con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Asimismo, se permitirá la celebración de convenios con la Agencia Tributaria Digital (ATD) para el análisis de datos y la gestión tecnológica, lo que posibilitará una supervisión digital permanente, capaz de detectar irregularidades en tiempo real y agilizar el flujo logístico sin comprometer la seguridad.
2.- Nueva estructura para agentes y agencias aduanales
Los agentes aduanales deberán certificarse cada tres años, mientras que su patente tendrá una vigencia máxima de veinte años, garantizando que la experiencia y la actualización sean constantes.
Asimismo, se exige la presentación anual de declaración patrimonial y la ausencia de vínculos laborales o comerciales con las empresas que representan, asegurando independencia y objetividad en la gestión aduanal. La responsabilidad solidaria entre el agente aduanal y el importador se amplía, eliminando excepciones previas, y se incorporan nuevas causales de suspensión y cancelación de patente.
Adicionalmente, surge el Consejo Aduanero (artículo 159-Bis), encargado de participar en decisiones sobre cancelaciones y autorizaciones, consolidando un modelo de operación basado en profesionalización, responsabilidad y cumplimiento normativo.
3.- Incremento en multas y sanciones
El régimen sancionador se endurece notablemente para asegurar un cumplimiento más estricto. Las multas por contrabando, falsificación de documentos o incumplimiento de regulaciones podrán alcanzar del 70 % al 250 % del valor de la mercancía.
También, se establecen sanciones específicas según el tipo de actor: hasta 1.5 millones de pesos para autorizados en despacho LDA, 800 mil pesos para empresas de mensajería o paquetería, y 70 % del valor en aduana para almacenes generales de depósito que no informen el no arribo de mercancías.
La multa por incumplimientos en el COVE aumenta a $53,500, y las derivadas de actos del agente aduanal serán responsabilidad directa del propio agente. Estas medidas buscan fortalecer la cultura de cumplimiento y reducir prácticas ilícitas, elevando la seguridad y la transparencia en las operaciones internacionales.
4.- Nuevas obligaciones para importadores
Los importadores también enfrentan un marco más exigente que prioriza la trazabilidad y la integridad de las operaciones. Deberán mantener un control de inventarios permanente y acreditar la procedencia de los recursos mediante comprobantes de pago, transferencias, contratos y documentos incrementables.
Será obligatorio conservar un expediente electrónico completo y demostrar el transporte mediante el complemento Carta Porte. De la misma manera, en ciertos casos se deberá solicitar autorización previa para rectificación de pedimentos y cumplir con nuevas condiciones para desistimientos y garantías de precios estimados, liberadas ahora en 12 meses.
Estas disposiciones refuerzan la transparencia y la responsabilidad, consolidando un comercio exterior más seguro y confiable.
5.- Nuevos lineamientos en regímenes y control
La ley introduce cambios importantes en los regímenes aduaneros, buscando mayor control y trazabilidad. El Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) se reconoce expresamente como régimen de diferimiento de aranceles, y se prohíbe cualquier vinculación entre el propietario del inmueble y quien opere el régimen.
En el Depósito Fiscal, los almacenes generales de depósito tendrán 20 días naturales para que las mercancías arriben, debiendo reportar faltantes o sobrantes. Por su parte, las operaciones IMMEX incorporan responsabilidad solidaria incluso en transferencias sucesivas, garantizando un seguimiento completo de las mercancías y reduciendo riesgos de irregularidades.
6.- Nuevas reglas para mensajería, paquetería y control PAMA
De la misma manera, se establecen normas específicas para empresas de mensajería, paquetería y el procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA). Los artículos 88 Bis y 88 Ter fijan requisitos de autorización y causales de cancelación, mientras que los supuestos de embargo precautorio se amplían ante errores en información comercial o domicilios inexistentes.
The notificaciones se homologan con el Código Fiscal de la Federación, garantizando uniformidad y validez jurídica. Estas medidas buscan blindar los envíos internacionales, reforzando la profesionalización y trazabilidad como ejes fundamentales del comercio exterior mexicano.
Como vemos, esta ley representa un punto de inflexión para el comercio exterior mexicano. Su enfoque tecnológico, fiscal y ambiental redefine la forma en que las empresas se relacionan con la autoridad y gestionan sus operaciones internacionales.
Más que una simple actualización legal, esta reforma simboliza la oportunidad de construir una cadena logística más profesional, transparente y sostenible. Las agencias aduanales, los operadores logísticos y las empresas exportadoras e importadoras deberán adaptarse a un entorno donde la precisión y la trazabilidad sean la norma.
El éxito dependerá de la capacidad de anticiparse a los cambios, invertir en tecnología y fortalecer la cultura de cumplimiento. En este nuevo panorama, la modernización no es solo un requisito legal, sino la clave para mantener la competitividad de México dentro del comercio global.
